Moreno sigue el minuto a minuto de la crisis desde Guayaquil, adonde trasladó la sede del gobierno el lunes ante el acoso de los manifestantes que fueron llegando a Quito desde el interior.
Las Fuerzas Armadas, movilizadas en el marco de un estado de excepción, se mantienen leales al gobierno.

El presidente abrió la puerta del diálogo con la mediación de la ONU y la Iglesia católica.

Sin embargo, los indígenas exigen como condición que el gobierno desista de eliminar los subsidios que condujeron al alza del precio del diésel y la nafta hasta en 123%.

El presidente 'está gobernando solo con las recetas del Fondo Monetario Internacional, de las cámaras empresariales.
Y es lo que rechaza el pueblo ecuatoriano', sostuvo el líder indígena Salvador Quishpe.
Además de esos reclamos, entre las cosignas resonaba el pedido de renuncia a Moreno, contaron corresponsales.
'Fuera Lenin Moreno', gritaban.

Moreno no quiere dar marcha atrás en su política, y ofrece a cambio liberar más recursos para los indígenas afectados por el aumento generalizado de precios que en teoría origina el alza de los combustibles.

Castigado por un alto endeudamiento y la iliquidez de su dolarizada economía, Ecuador pactó en marzo un programa de préstamos con el FMI que alcanza los 4.203 millones de dólares.

Solo fue hasta la semana pasada cuando Moreno dio a conocer el lado más duro del ajuste que también prevé reformas tributarias, así como laborales que afectan a los empleados públicos.
Los indígenas representan el 25% de la población ecuatoriana de 17,3 millones.

El despliegue de los militares y la medida de excepción han sido insuficientes para contener la crisis, la más grave desde la caída del entonces presidente Lucio Gutiérrez en 2005.

El martes se produjeron nuevos y violentos enfrentamientos.
Un grupo de indígenas alcanzó a ocupar el Legislativo antes de que fuera desalojado por los uniformados.
A raíz de ello, el gobierno restringió el tránsito nocturno alrededor de instalaciones estratégicas como ministerios, puentes y antenas de comunicación.

Rivalidad

Moreno culpa de la agitación social a su antecesor y exaliado Rafael Correa.
De acuerdo con el mandatario, Correa intenta derrocarlo en alianza con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

En el centro de una ofensiva diplomática y económica, Maduro se burló al señalar el martes que esa acusación es tan insólita como decir que puede derrocar gobiernos con tan solo mover su bigote.

En Bélgica, Correa afirmó el miércoles que sería candidato si es necesario tras plantear el adelanto de elecciones ante la que describe como 'grave conmoción social'.
El exmandatario vive en ese país de donde es su esposa.

Correa, que enfrenta una orden de captura en Ecuador por un delito que le endilga la fiscalía desde antes de que estallaran las protestas, negó sin embargo que esté alentando el golpismo.

Lo cierto es que 'tenemos un problema muy serio de desajuste de la economía.
Los precios de los combustibles es (un tema) muy complejo que ningún gobierno lo ha tocado en 15 años.
Si es que el gobierno cede, se verá obligado a endeudarse mucho más', señaló a la AFP Simón Pachano, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Estados Unidos, la Secretaría General de la OEA y siete países latinoamericanos encabezados por Brasil, Colombia y Argentina cerraron filas en torno a Moreno.

Anoche, un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos bajo condición de anonimato afirmó que Venezuela y Cuba están detrás de la crisis en Ecuador, pero no presentó pruebas.

PETRÓLEO

Petroecuador activó ayer la cláusula de fuerza mayor en sus contratos de comercialización de crudo por problemas de operación en sus campos a raíz de las protestas.
La situación llevó a paralizar más tarde las operaciones del oleoducto estatal SOTE, que transporta unos 360.000 barriles promedio día.

Fuente: Ambito >> lea el artículo original