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La Cámara Nacional Electoral pidió a las juntas electorales de cada provincia un estricto control de las “designaciones de las autoridades de mesa por contigencia”, luego de que los apoderados de Juntos por el Cambio demostraran a través del cruce de información que más de 10 mil eran afiliados a partidos políticos y más de 4000 eran infractores electorales por no haber cumplido con la obligación de votar.

A través del expediente 99/2019, la CNE solicitó expresamente que “se efectúe un cruce de las autoridades de mesa seleccionadas con el registro de afiliados a los partidos políticos” para proceder “a su inmediato reemplazo y no ratificación”, arbitrando “los medios para suprimirlas de las nóminas de electores con derecho al cobro del viático compensatorio previsto para las autoridades de mesa”.

La decisión es trascendente para el oficialismo, que analizando la información del día de comicio constató severas irregularidades que no constituyen fraude, pero sí generaron “situaciones de hecho” a la hora de constituir las mesas, que provocaron desventajas en el momento del escrutinio.
“Tomaron las mesas por asalto”, le dijo a Infobae el apoderado de la UCR, Gustavo Lema, el encargado de realizar el prolijo cruce de información con su equipo informático, avalado por José Torello, Santiago Alberdi y Mariano Genovesi, los apoderados de Juntos por el Cambio.

De hecho, cuando los abogados hicieron la presentación la CNE ya había realizado 34 denuncias penales a autoridades de mesa que no cumplieron con los requisitos, pero la Cámara continuó con ese trabajo y elevó a 65 las denuncias solo en la provincia de Buenos Aires.

“En esa jurisdicción se verifican sesenta y cinco (65) casos de invididuos que se han desempeñado como autoridad de mesa sin tener domicilio de empadronamiento en la misma sección electoral, los cuales, además, no han sido previamienta designados por el Juzgado Federal de competencia electoral”.
Además, especifica, “no hay antecedentes demostrativos de su designación”, por lo que podría constituir el delito tipificado por el artículo 245 del Código Penal, que prevé pena de prisión e inhabilitación especial a quien asuma funciones públicas sin los requerimientos necesarios.

“Para nosotros esto es muy importante porque la CNE le dio la orden a la justicia con competencia electoral de que fundamental que controlar, y a nosotros nos da la potestad para denunciar a aquéllas autoridades de mesa que no cumplan los requisitos en el mismo momento”, explicó el apoderado Alberdi luego de leer la resolución.
También habrá un cuidado particular con las designaciones y actuación de los delegados judiciales, uno por escuela, que son la autoridad judicial en los lugares de votación.

Finalmente, Alberdi adelantó que los fiscales de Juntos por el Cambio contarán con un link con la información de los ciudadanos afiliados, de modo que puedan verificar in situ si los delegados judiciales o las autoridades de mesa lo son, ya que deberán exhibir sus datos-nombre y documento nacional de identidad- para que cualquiera pueda hacerlo.
En caso de que incumplan con los requerimientos, podrán denunciarlos en el mismo momento y pedir su urgente reemplazo.

Mauricio Macri habló en la última reunión de Gabinete sobre el asunto, dio detalles a sus Ministros de la denuncia presentada a la CNE y pidió que se transmita la importancia de involucrase en la fiscalización con compromiso, “ya que se está jugando el futuro de la República en la Argentina', aseguró.

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Fuente: Infobae >> lea el artículo original