31 de julio de 2020  • 15:32

Será el séptimo 'alargue'.
Sin la adhesión necesaria para el próximo martes de parte de los acreedores privados con bonos argentinos bajo legislación extranjera, el Gobierno analiza extender hasta el 28 de agosto la renegociación de la deuda con los bonistas.

Dos fuentes oficiales afirmaron a LA NACION que la decisión sería anunciada 'por escrito' esta noche por el ministro de Economía, Martín Guzmán.
El funcionario había comenzado a preparar el terreno ayer en una presentación virtual en el Atlantic Council, un think tank de Washington.
'Estamos evaluando todas las opciones y pronto tomaremos una decisión', dijo.

Sin embargo, en el mismo encuentro, Guzmán también volvió a repetir que la oferta argentina es la definitiva: 'Este es el máximo esfuerzo que puede hacer la Argentina, porque queremos hacer promesas que podamos cumplir'.
La decisión de volver a extender se habría tomado conjuntamente con el presidente Alberto Fernández anoche en la Quinta de Olivos.
El ministro visitó allí al primer mandatario luego de su presentación en el Atlantic Council.

'Sería la última y definitiva', prometieron ayer desde el Palacio de Hacienda, donde recordaron que después de esa fecha habrá que hacer el anuncio de los resultados y la liquidación de la operación, que está programada para el 4 de septiembre.

Sin embargo, no es la última vez que los funcionarios advierten que no podría haber más cambios.
El Gobierno ya realizó, antes de la actual, cinco extensiones de la primera oferta y una enmienda de la misma, que también generó una dilación temporal en la reestructuración.

Los bonistas privados más reacios ayer alertaban que el Gobierno iba a tener que volver a trabajar en la oferta.
Estimaban que no alcanzarían un nivel de adhesión superior al 35% el martes próximo.
Economía se había puesto un piso de 50% de participación mínima.
Hasta anoche, se afirmaba que más del 90% de los locales habría ingresado sabiendo siempre que la cláusula RUFO los mantendría adentro de una posible mejora futura de la oferta.

Las centrales del exterior, en tanto, reciben las confirmaciones de los bonistas que decidan entrar al canje propuesto por el Gobierno hasta el lunes a la mañana.

Sin embargo, los tres grupos de acreedores que negocian en conjunto con el país (AdHoc, ACC, y Exchange) advirtieron en una carta el ministro Guzmán esta semana que habían logrado reunir el apoyo a su contraoferta conjunta como para bloquear la oferta del Gobierno, ya que lograron aglutinar detrás de su oferta a más del 50% de la deuda emitida durante el gobierno de Mauricio Macri y más del 60% de la deuda de lo canjes de 2005 y 2010.

La oferta oficial otorgaba un valor presente neto (VPN) de US$53,5 centavos por dólar a quienes ingresaran voluntariamente.
Quienes fueran arrastrados ganarían un poco menos.
También recibirían menos intereses corridos.
Los bonistas, en su contrapropuesta, estimaban que su oferta alcanzaba $55,7.
La principal diferencia radicaba en la tasa de interés del bono que contemplaba los intereses corridos, según explicaron especialistas a LA NACION.

El ministro de Economía volvió a repetir ayer en el think tank de la capital estadpunidense que, pese a que no haya un acuerdo con los acreedores privados, el probable que comience a avanzar en un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esa posibilidad existe por una línea que tiene el organismo, pero que requiere una aprobación del board.

'Independientemente de lo que ocurra con el canje de deuda, iniciaremos una negociación con el FMI para un nuevo programa basado en una sólida estabilidad macroeconómica', dijo.

'En el frente legal, seguimos el lenguaje estándar respaldado por los mercados internacionales de capital (ICMA) por el FMI y el G20', dijo el ministro sobre la polémica sobre los indentures y las estrategias de redesignación que propuso el Gobierno.
'Continuaremos usando ese lenguaje, pero siempre existe la posibilidad de mejorar las cosas, pero creemos que no es un asunto exclusivo de Argentina y sus acreedores, sino más bien de estándares.
Es a la comunidad financiera internacional a quien corresponde decidir sobre estándares', señaló.

Por: Francisco Jueguen

Fuente: La Nación >> lea el artículo original