29 de junio de 2020  • 21:28

El juez federal Daniel Rafecas deberá decidir en una denuncia realizada ante la fiscalía de ciberdelitos por un particular contra los organizadores de una marcha contra la 'infectadura', que en plena cuarentena llamaba a movilizarse para protestar contra las restricciones impuestas por el Gobierno.

La denuncia fue presentada por un particular ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) a cargo de Horacio Azzolin.
El fiscal la envió a sorteo ante la Cámara Federal para que se decida qué juez debe intervenir.
Y salió sorteado el juzgado de Rafecas, con la intervención del fiscal Federico Delgado.

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En el sorteo que se publica a diario en la página del Centro de Información Judicial se señala que el denunciado es el actor Juan Acosta, uno de los promotores de la marcha.
Quien figura como denunciante es Azzolin, que explicó a LA NACION que él solo mandó a sorteo la denuncia recibida en su fiscalía y que realizó un particular.

Esta es una práctica habitual cuando un fiscal recibe una denuncia y la manda a sorteo, de lo contrario se estaría apropiando de una causa y el denunciante y el fiscal podrían ser cuestionado por hacer forum shopping.
Es decir, elegir a quien investiga el caso.

La primera medida ahora en es que el juez sorteado, Rafecas, le debe dar vista al fiscal de turno con su jugado, Delgado.
El fiscal debe dictaminar si impulsa la investigación del hecho que plante una controversia entre el derecho a manifestarse y los decretos de necesidad y urgencia que reglamentaron la cuarentena y el aislamiento.
Rafecas es el candidato del Gobierno para ser el nuevo Procurador General de la Nación.

Si el fiscal Delgado impulsa el caso, el juez Rafecas deberá investigarlo.
En cambio, si entiende que no hay delito, puedo proponer desestimar la denuncia sin más, y así finalizaría el caso.

Se trata de un caso federal porque involucra los posibles delitos de instigación a cometer delitos, resistencia o desobediencia a un funcionario y propagación de una enfermedad, que castiga con penas de seis meses a dos años a quien viole las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la propagación de una epidemia.

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El asunto desató una airada protesta en Twitter de quienes promovieron la marcha contra el Gobierno, donde se mencionaba que Azzolin había denunciado a los autores de una carta abierta en la que condenaban la 'infectadura'.
Pero ni Azzolin hizo la denuncia, ni la presentación fue motivada por esa mención en la carta, sino por la movilización pública que tuvo lugar a los pocos días.

Por: Hernán Cappiello

Fuente: La Nación >> lea el artículo original